El Habeas Corpus es un derecho legal que permite un proceso rápido para que una persona detenida ilegalmente sea llevada ante un juez y se examine la legalidad de su detención

El Habeas Corpus, a pesar de ser una figura jurídica no muy conocida, es de vital importancia y merece una explicación detallada. Constituye un derecho fundamental recogido en la Constitución Española, enfocado en la protección de la libertad personal frente a detenciones y arrestos arbitrarios.

Ubicación Legal del Habeas Corpus

Este derecho está establecido en el artículo 17.4 de la Constitución Española y se desarrolla más ampliamente en la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, que regula el procedimiento de Habeas Corpus.

Objetivo y Significado del Habeas Corpus

El Habeas Corpus es una figura jurídica clave para asegurar que nadie sea privado de su libertad sino en los casos y de la manera que establece la ley. Además, señala que la detención preventiva no debe extenderse más allá del tiempo estrictamente necesario para las investigaciones. En este sentido, impide que una persona sea retenida indefinidamente mientras se realizan las averiguaciones pertinentes.

Esta figura jurídica tiene una gran relevancia en el ámbito del derecho penal y en la prevención de la arbitrariedad al privar a las personas de su libertad. Su aplicación es crucial cuando una persona es detenida de manera improcedente. En casos de tal arbitrariedad, el detenido puede solicitar el procedimiento de Habeas Corpus, para ser presentado ante la justicia y, potencialmente, ser liberado. A través del artículo 167 del Código Penal, el Habeas Corpus busca declarar ilegales todas las detenciones que no cumplan con lo establecido en dicho artículo.

Artículo 167 del Código Penal

  1. La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la ley, y sin mediar causa por delito, cometiere alguno de los hechos descritos en este Capítulo será castigado con las penas respectivamente previstas en éstos, en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.
  2. Con las mismas penas serán castigados:
  3. a) El funcionario público o autoridad que, mediando o no causa por delito, acordare, practicare o prolongare la privación de libertad de cualquiera y que no reconociese dicha privación de libertad o, de cualquier otro modo, ocultase la situación o paradero de esa persona privándola de sus derechos constitucionales o legales.
  4. b) El particular que hubiera llevado a cabo los hechos con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado o de sus autoridades.
  5. En todos los casos en los que los hechos a que se refiere este artículo hubieran sido cometidos por autoridad o funcionario público, se les impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de ocho a doce años.

¿Cuándo se considera que la detención es ilegal?

La respuesta la encontramos en el artículo primero de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus».

Este artículo establece las bases del procedimiento de «Habeas Corpus». El propósito de este procedimiento es asegurar la pronta presentación ante la Autoridad Judicial competente de cualquier persona que haya sido detenida de manera ilegal.

Se consideran detenciones ilegales en los siguientes casos:

  1. Detenciones sin Fundamento Legal o Procedimental: Aquellas realizadas por una autoridad, agente de autoridad, funcionario público o particular, en ausencia de una justificación legal válida o sin seguir los procedimientos y requisitos legales establecidos.
  2. Internamiento Ilícito: Personas que se encuentren retenidas ilegalmente en cualquier tipo de establecimiento o lugar.
  3. Exceder el Plazo Legal de Detención: Aquellas personas que permanecen detenidas por un periodo mayor al estipulado legalmente, y que no son liberadas o entregadas al juez más cercano al lugar de detención una vez transcurrido dicho plazo.
  4. Violación de Derechos Constitucionales y Procesales: Personas privadas de libertad a quienes no se les respetan los derechos garantizados por la Constitución y las leyes procesales a todos los detenidos.

¿Quiénes pueden solicitar el Habeas Corpus?

Para responder a esta pregunta, nos referimos al artículo tercero de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, que regula el procedimiento de «Habeas Corpus». Según esta normativa, están facultados para solicitar el Habeas Corpus:

  1. La persona directamente afectada, es decir, la que está privada de libertad.
  2. El cónyuge o la persona que esté unida por una relación de afectividad equiparable al cónyuge.
  3. Los descendientes del individuo detenido, protegiendo así los lazos familiares.
  4. Los hermanos del detenido, destacando el vínculo fraterno en la protección legal.
  5. Los representantes legales de menores y personas incapacitadas, garantizando la tutela de los más vulnerables.

Inicio del Procedimiento de Habeas Corpus

El procedimiento de Habeas Corpus se puede iniciar de dos formas: por escrito o mediante una manifestación oral. Independientemente del método escogido, es imprescindible especificar claramente el nombre y apellido de la persona que realiza la solicitud, el lugar exacto de la detención y los motivos específicos por los que se solicita el Habeas Corpus. En los casos donde el procedimiento comienza con una manifestación oral, podría ser necesario obtener un comprobante de dicha solicitud para formalizar el proceso.

Ejemplo Práctico de Aplicación del Habeas Corpus

A modo ilustrativo, veamos un caso práctico de cómo el Habeas Corpus puede resultar en la liberación de un detenido:

  • Una persona decide asistir a una reunión social con amigos. De manera inesperada, se desencadenan disturbios en el evento, y aunque no participa activamente en ellos, se encuentra rodeada e involucrada en la situación.
  • La policía interviene para controlar la situación y detiene a varios de los presentes, incluyendo a nuestra persona protagonista, en un esfuerzo por restaurar el orden.
  • Posteriormente, el detenido es llevado a una comisaría para prestar declaración y aclarar su supuesta implicación en los disturbios, buscando determinar su responsabilidad o inocencia.
  • Sin embargo, el proceso se prolonga más de lo legalmente permitido, y el detenido permanece en custodia por un periodo que supera las 72 horas establecidas por la ley.