Muchas veces habrás escuchado, si no lo has padecido, la frase “Ayer vino protección de menores con la Guardia Civil y se llevaron al niño diciéndome que yo no era capaz de cuidarlo, cuando a mi hijo nunca le ha faltado de nada”.

En más casos de los que podemos creer, los menores carecen de un entorno familiar que les asegure un mínimo de seguridad y desarrollo personal.

Frases como ésta u otras parecidas dan comienzo a la mayoría de los casos extremos en los que los servicios sociales retiran a los padres la patria potestad sobre sus hijos y asumen su tutela y custodia, admitiendo a los hijos en una de sus residencias con vistas a su posterior entrega a una familia de acogida.

Para proteger a los menores, la Administración interviene entonces a través de los servicios sociales. Pero, ¿por qué se produce esta intervención?

Es importante aclarar primero que los servicios sociales no siempre intervienen para separar a los niños de sus padres; de hecho, esto sucede, afortunadamente, en un porcentaje muy pequeño de casos.

Esta intervención se produce en dos circunstancias: cuando el niño está en peligro y cuando está indefenso.

La situación de riesgo de un menor puede declararse por diversas razones, entre ellas, por falta de precauciones sanitarias e higiénicas (tanto de los padres como del menor), en parte atribuible a una vivienda inadecuada.

En otros casos, esta situación de riesgo se debe, por ejemplo, a que los padres se nieguen a consentir intervenciones médicas para proteger la vida o la integridad física o psíquica de sus hijos.

Cuando se determina que mantener a los niños en sus familias no sería necesario para proteger a los menores, se lleva a cabo lo que se conoce como proyecto de intervención familiar.

Participan todas las partes implicadas, incluidos los padres, los menores (si son mayores de 12 años) implicados y los servicios sociales.

Este proyecto es una intervención colaborativa entre los servicios sociales y las familias, y su objetivo es ayudar a los padres a desarrollar los conocimientos y habilidades necesarias para afrontar estas circunstancias sin expresar impotencia.

Cuando los padres incumplen o no pueden cumplir con su responsabilidad de proteger a los menores, dejándolos sin ningún tipo de asistencia moral o material, se crea una situación de desamparo.

Existe una predisposición a creer que las dificultades económicas de una familia o la enfermedad mental de uno de los padres lleva inevitablemente a la declaración del menor como indefenso, pero no es así; de hecho, ninguna de estas circunstancias se tiene en cuenta cuando un menor es declarado indefenso.

La declaración de abandono de un menor debe ser siempre la última y más severa forma de intervención de los servicios sociales, por lo que antes de que se produzca deben darse una serie de condiciones que hagan imposible la reversión de estos indicadores en la familia biológica.

Cuando la comunidad autónoma reconoce una situación de indefensión, se revoca automáticamente la patria potestad de los padres y se les otorga la custodia de sus hijos.

A continuación, los niños son ingresados en uno de los centros residenciales de menores de la comunidad autónoma con la intención de ser entregados posteriormente a una familia de acogida.

Si todavía tiene preguntas sobre las distinciones entre la vulnerabilidad o el riesgo de un menor y cómo protegerlo, puede buscar el consejo de Javier Romeu.Abogados. Te daremos información especializada sobre cómo proceder.